PAREJAS DE HECHO E IGUALDAD CONSTITUCIONAL. PERSPECTIVAS DE DERECHO SUSTANTIVO Y PROCESAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO BALEAR.

Resumen

La comparación del régimen jurídico de las parejas de hecho con el matrimonio suscita controversia en materia de igualdad real y efectiva, cuestión que se aborda en este trabajo, tanto desde el punto de vista sustantivo como del procesal, sin olvidar tampoco las divergencias entre los matrimonios entre personas del mismo sexo y de distinto sexo. Asimismo, se apunta igualmente la diferenciación existente entre la legislación -o falta de legislación- entre el Estado y las Comunidades Autónomas y entre éstas entre sí, lo que se anuda a la competencia para legislar Derecho material y Derecho procesal. Particularmente, la vertiente material ha quedado seriamente relativizada una vez instituido el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que impone analizar algunos rasgos distintivos entre matrimonio y pareja de hecho, aun cuando la regulación material comporte inevitablemente un tipo de regulación procedimental que de todas maneras pueda plantear desigualdades. Efectivamente, perduran planteamientos desiguales desde la perspectiva procesal, pero el alcance constitucional de los mismos sólo sería relevante si las situaciones de hecho se mostrasen iguales, lo que ciertamente resulta difícil de asumir. No obstante, la redefinición del matrimonio civil sin influencias morales, tradicionalmente características de la religión católica, se muestra en ocasiones confusa, al menos en el contexto cultural en que nos encontramos. Y ello por mucho que la moral siempre aporta argumentos de interés en la construcción jurídica y, como tal, sigue estando presente en el contenido e interpretación de numerosos preceptos legales. Por último, se añade a todo lo anterior el cuestionamiento de los intervencionismos estatal y autonómicos frente a decisiones individuales que pretenden optar abiertamente por situaciones ajenas a cualquier tipo de regulación jurídica, decisiones individuales que solamente los intereses de superior protección podrían coartar, introduciéndose en el debate la noción justificadora del menor de edad y, sobre todo, el concepto de familia.