LA JUSTICIA CONTRACTUAL EN LA CONTRATACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA HIPOTECARIA, TRAS LA LEY 1/2013, DE 14 DE MAYO, DE MEDIDAS PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA Y ALQUILER SOCIAL.

Resumen

La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, da entrada a la intervención pública, preventiva y judicial, propias del Derecho del consumo en la contratación del préstamo y crédito hipotecarios, de modo que la admisión del principio pro-consumatore y el control judicial del equilibrio contractual en la ejecución hipotecaria, podría resultar igual o más relevante para la protección del deudor que la propia previsión de la dación en pago retroactiva. En los sistemas de contratación europeos del siglo XXI, la seguridad jurídica contractual no puede basarse en la intangibilidad de lo pactado, sino en el cumplimiento de la función económico-social de cada contrato, por lo que deben, todos ellos, arbitrar instrumentos efectivos que garanticen el equilibrio de las partes en el momento de la contratación, pero también en el de cumplimiento del contrato, atendiendo a la buena fe y a la equidad. Esto es ineludible cuando una de las partes es consumidor y es obligada su protección para los ordenamientos nacionales de los países miembros de la Unión Europea, y de este planteamiento no puede escapar nuestro sistema de contratación y garantía hipotecarias. Es preciso, entonces, que en la ejecución hipotecaria el juez considere, no solo la concurrencia de condiciones abusivas a la hora de contratar, también las circunstancias sobrevenidas que afecten a la relación causal que garantiza la hipoteca, y la oportunidad de aplicar, o no, determinadas normas, en atención a la buena fe y a la prohibición del abuso del derecho.