Violencia psicológica y económica en la ruptura de pareja: impacto en los menores y límites jurídicos de la coparentalidad (Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2026)
La violencia psicológica y económica en el ámbito de las relaciones de pareja no se extingue necesariamente con la ruptura del vínculo afectivo, sino que puede proyectarse de forma continuada mediante dinámicas de control coercitivo post-ruptura, incidiendo de manera directa en la reorganización del sistema familiar y en la efectividad del principio del interés superior del menor. Lejos de constituir episodios aislados, estas formas de violencia se configuran como patrones persistentes de conductas intimidatorias, degradantes o de dominación, orientadas a mantener posiciones de poder y control aun después de la separación.La violencia psicológica, entendida como un entramado estructural de comportamientos coercitivos y desestabilizadores, no solo vulnera la integridad moral y la autonomía de la persona que la sufre, sino que compromete gravemente la viabilidad de un proyecto de coparentalidad funcional. En contextos de ruptura, la exigencia de cooperación parental puede convertirse en un espacio de reproducción del abuso cuando persisten estrategias de hostigamiento, instrumentalización de los hijos o judicialización reiterada del conflicto como mecanismo de presión.El presente artículo examina la naturaleza jurídica y psicosocial del control coercitivo persistente tras la separación, así como sus efectos en la esfera emocional, relacional y evolutiva de los menores. Asimismo, analiza la evolución de la jurisprudencia española en la valoración de estos contextos en la adopción de medidas relativas a la guarda, custodia y régimen de visitas, poniendo de relieve la progresiva incorporación de una perspectiva estructural de la violencia en el Derecho de familia.Desde esta óptica, se sostiene que la respuesta judicial no puede limitarse a una concepción formal de la coparentalidad, sino que debe integrar una evaluación rigurosa del contexto de violencia, ponderando de manera prioritaria la protección integral de los menores y de la víctima. De este modo, el interés superior del menor se configura no solo como criterio interpretativo, sino como parámetro decisivo para modular o restringir aquellas fórmulas de corresponsabilidad parental que, en determinados supuestos, pueden perpetuar escenarios de riesgo o inestabilidad emocional.